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 Representar y defender los intereses generales de las cooperativas
y de sus Entidades Asociadas ante las Administraciones públicas y
ante cualesquiera otras personas físicas o jurídicas y ejercer, en su
caso, las acciones legales pertinentes.
Fomentar la promoción y formación cooperativa.
Ejercer la conciliación en los conflictos surgidos entre las
sociedades cooperativas que asocien o entre éstas y sus Entidades
Asociadas.
Proponer a las Administraciones Públicas para que adopten las
medidas oportunas con el fin de obtener una legislación adecuada a
las necesidades del sector.
Organizar servicios de asesoramiento, auditorias, asistencia jurídica
o técnica y cuantos sean convenientes a los intereses de sus
Entidades Asociadas.
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Actuar como interlocutores y representantes ante las entidades y
organismos públicos.
Realizar y difundir estudios relacionados con la actividad cooperativa
que representa, sometiendo a la Administración Pública las
propuestas derivadas de tales estudios. Del mismo modo, podrá
someter los mismos estudios y sus correspondientes propuestas a la
opinión pública, valiéndose de los medios de comunicación social que
en cada momento considere idóneo.
Reclamar ante los poderes públicos una atención y colaboración
preferente con el sector cooperativo para la obtención de un mejor
desarrollo social y empresarial.
El apoyo y fomento a la creación y desarrollo de las Cooperativas de
segundo o ulterior grado, y en general todo tipo de relación
intercooperativa.
Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.
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